miércoles, 5 de febrero de 2014

Lealtad institucional

Llevaba tiempo dándole vueltas a la posibilidad de retornar a la blogosfera con un tema que últimamente ha aparecido en varias conversaciones laborales: la LEALTAD INSTITUCIONAL. Pero finalmente ha sido un artículo de Lucía Escapa el que me ha impulsado a escribir unas líneas, entre otras cosas, porque en el blog de Lucía no se puede comentar y los 140 caracteres de twitter se me quedaban cortos para todo lo que querría decir.

En el artículo se plantea la disyuntiva entre la lealtad a la Administración y la lealtad al poder político que se encuentran los funcionarios de carrera en su cometido, sobre todos quienes ocupan cargos ejecutivos.

En mi opinión esta disyuntiva no existe por una sencilla razón: los únicos legitimados para equivocarse son los cargos políticos, quienes reciben un mandato, indirecto si queremos precisar mucho, que la ciudadanía expresa con su voto y renueva en cada proceso electoral.

En la ejecución de una política pública los funcionarios, en ejercicio del principio de lealtad institucional, deben formular todas sus objeciones y aportaciones en tiempo y forma y en los foros adecuados, y más leales serán cuanto más sean capaces sean de plantear y argumentar sus puntos de vista de forma que puedan ser percibidas, asimiladas y valoradas por el político.

Aquí entra en juego una definición muy de barra de bar del gestor incompetente: "Mal gestor es aquél que se rodea solo de gente que le dice siempre que sí". Y esto vale tanto para la pública como para la privada. La confrontación de ideas enriquece y es de necios evitarla a priori.

Con este conjunto de premisas, las que se plasmaban en el programa electoral o incluso también las "ocurrencias" de los órganos políticos, y las que han sido planteadas por su equipo de funcionarios de carrera, el gestor político debe tomar una decisión. Yo tuve un director que para que quedara claro decía una frase lapidaria "la dirección ha tomado posición".

Fijada esa posición, esa ruta a seguir, a los funcionarios no nos queda otra opción que aportar todo nuestro conocimiento y experiencia para que esa política pública se lleve a cabo conforme a los principios constitucionales que rigen la labor de la Administración.

De otra manera, ¿de qué legitimidad estamos investidos los funcionarios públicos para interpretar cuál el el cambiante interés general? Y si estamos equivocados en esa defensa de la Administración ¿cuál es nuestro mecanismo de control y verificación ciudadana?

Bien es verdad que, a partir de ese momento, al funcionario con esa responsabilidad ejecutiva le quedan dos caminos adicionales: o retirarse a los cuarteles de invierno y solicitar una plaza base; o declamar en el bar con los amigos "qué mal lo hacen estos cabrones".

Desde un punto de vista muy personal, permitidme que presuma de haber mamado esta concepción. Hace años, cuando me presentaron a un entonces gestor político, recuerdo que me saludó diciendo: "¡Hombre! Yo trabajé con tu padre y era la personificación de la lealtad institucional, como tenía tanta experiencia, además de venir del antiguo régimen" (y esto lo decía con sorna) "siempre tenía algún matiz que cuestionar. Eso sí, cuando se tomaba la decisión se alineaba como un solo hombre aunque sabíamos que no era en lo que él creía".

Como no puedo traer a mi padre, ni a ninguno de aquellos leales funcionarios de carrera de la transición, para ilustrar este artículo os pongo otro gran referente de la serie británica "sí, señor ministro".

Ya si eso, otro día hablamos de los gestores que no escuchan, que no confrontan ideas, que no deciden, que no...



Por cierto, si os interesan los temas relacionados con la Administración os recomiendo seguir a @Lucia_E, no siempre opinamos igual, pero siempre es enriquecedor su punto de vista.

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