Vaya por delante que en lo referente a la
forma de Gobierno del estado español, hasta ahora me venía definiendo como
republicano no beligerante pues, si bien mi convencimiento es que ningún ser humano adquiere por nacimiento más derechos que otro, la actitud neutral y respetuosa de nuestra Corona no me había motivado a ir más allá de este planteamiento moral.
Estos días la reina Sofía ha caído en un trampa sibilina que le ha planteado una hábil periodista que la ha utilizado para arrimar el ascua a su sardina en aspectos de convicción moral y política. Desde mi punto de vista eso es mear fuera del tiesto monárquico.
Y no me refiero al sentido de sus manifestaciones sino al acto de hacer manifestaciones en sí mismo.
Mucho se argumenta ahora en favor de la libertad de expresión de la reina y su ausencia de papel constitucional.
Es posible que los consortes de los monarcas no tengan papel expreso y la neutralidad, literalmente, sólo sea exigible al titular pero me temo que eso es una interpretación literal rácana de nuestro texto fundamental. Como mínimo, todos los miembros de la Casa Real deben ser considerados, y considerarse, empleados públicos puesto que cobran de los impuestos de todos los españoles una suculenta cantidad. Esta condición de funcionariado público les impone una serie de clausulas de etiqueta, algunas de ellas no escritas, entre las que está su limitación de la libertad de expresión.
Esto no es un fenómeno extraño en el servicio público puesto todos los empleados públicos tienen deberes y muchos de ellos restricciones a sus derechos fundamentales como militares, jueces o policías. Pero frente a otros funcionarios, la Casa Real tiene estas limitaciones compensadas por una serie de prevendas de las que no goza el común de los mortales: barcos, palacios... No quiero parecer demagógico pero no en balde la Corona aparece en las listas como la octava fortuna de España. Eso por no entrar en otros terrenos, como la educación y el futuro garantizado, por todos los españoles, de las nuevas generaciones de la real familia.
Si los miembros, cualquiera de ellos, de la cada vez más amplia Casa Real quieren ejercer su derecho a expresar sus opiniones en público sería conveniente que renunciaran a todos los atributos y beneficios de su posición. En ese momento, podrán ya manifestar sus opiniones bien como ciudadanos de a pie, bien como miembros de una confesionalidad religiosa, bien como activistas políticos o como les de la no ya tan real gana.
